Al cumplirse un mes desde el hallazgo del cuerpo de Érika Antonella Álvarez, la investigación judicial muestra avances en la identificación de responsables, pero mantiene una incógnita central: qué motivó el asesinato. Mientras dos personas ya se encuentran procesadas, los investigadores continúan profundizando distintas líneas para reconstruir el contexto del hecho.
En la causa están imputados Felipe “El Militar” Sosa, señalado como presunto autor material, y Justina Gordillo, acusada de encubrimiento. Sin embargo, los pesquisas también siguen la pista de otras personas que, por el momento, no han podido ser identificadas ni se logró determinar cuál habría sido su participación.
Entre las hipótesis que se analizan aparecen distintos escenarios, todos aún sin confirmación: que el homicidio se haya producido en un contexto de descontrol durante un encuentro sexual grupal; que la víctima haya sido asesinada por poseer información sensible y haber amenazado con revelarla; que estuviera vinculada a la entrega de paquetes de droga a empresarios o personas con conexiones de poder; o que su muerte se relacione con el entorno de un narcotraficante de peso, lo que abre interrogantes sobre posibles autorizaciones o complicidades.
“El principal propósito de esta tarea mancomunada que estamos haciendo es ir a fondo sobre todas las líneas investigativas y descubrir en profundidad qué ha sucedido”, expresó el fiscal Pedro Gallo, quien encabeza la pesquisa.
El funcionario explicó que se llevan adelante trabajos de campo y pericias de laboratorio, orientados a reunir pruebas que permitan esclarecer tanto la mecánica del crimen como sus motivaciones. En ese marco, se conoció en las últimas horas un dato que podría haber sido clave para avanzar, pero que finalmente frustró una vía de obtención de evidencia.
El teléfono celular de la víctima nunca fue hallado y, según se informó, no se logró recuperar su contenido mediante herramientas tecnológicas. “Los peritos nos dijeron que estaban deshabilitados los mecanismos de guardado de seguridad del teléfono. Sólo podrían rastrear los lugares por los que estuvo”, señaló el querellante Carlos Garmendia.
De acuerdo con el entorno familiar, Érika tenía la costumbre de registrar su vida cotidiana a través del celular, almacenando mensajes, fotos y videos. Ese material, que ahora se considera prácticamente inaccesible, podría haber aportado elementos decisivos para reconstruir lo ocurrido el día del crimen, así como para establecer sus vínculos personales, actividades y contactos.
Garmendia no descartó que la desactivación de los sistemas de respaldo se hubiera producido después del asesinato y antes de que se eliminara la información almacenada. Ese punto, que ahora forma parte de la investigación, se suma a los múltiples interrogantes que rodean el caso, donde la determinación del móvil sigue siendo el eslabón faltante para cerrar el rompecabezas judicial.
